Por Licenciada Rachel E. Carmona, Esq.
La Ley de Ajuste Cubano (CAA) tiene una gran importancia en el ámbito de la ley de inmigración de Estados Unidos para los ciudadanos cubanos. Promulgada en 1966, la CAA fue una respuesta a la Revolución Comunista y la agitación en Cuba, proporcionando una vía para que los cubanos y sus dependientes se convirtieran en residentes permanentes legales en los Estados Unidos. Esta ley especial de inmigración fue diseñada para ofrecer alivio humanitario a los cubanos que escapaban en busca de refugio en los Estados Unidos tras el ascenso del comunismo en Cuba en 1959.
Bajo la CAA, las personas deben cumplir con criterios específicos para calificar para la residencia permanente legal en los Estados Unidos. Estos incluyen ser ciudadano cubano, haber sido inspeccionado y admitido o condicionalmente liberado en los Estados Unidos después del 1 de enero de 1959 y mantener presencia física en los Estados Unidos durante al menos un año antes de presentar la solicitud.
La solicitud de residencia permanente legal bajo la CAA puede realizarse a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) mediante los procedimientos de ajuste de estatus.
Las políticas relacionadas con la CAA experimentaron cambios en 2017 cuando el presidente Obama terminó la política de "pies mojados/pies secos", que anteriormente permitía a los cubanos que llegaban a suelo estadounidense quedarse y solicitar la residencia permanente legal. Este cambio de política significó que los cubanos que intentaban entrar en los Estados Unidos podían estar sujetos a detención y posiblemente a expulsión/deportación.
Durante la administración Trump, los cubanos enfrentaron desafíos significativos. La administración revirtió políticas de larga data, sometiendo a miles de cubanos a la política de "Quedarse en México"; denegando la naturalización y la residencia permanente legal a los cubanos. Además, los cubanos quedaron sujetos a los Protocolos de Protección Migratoria (MPP), lo que llevó a un aumento de deportaciones y el retorno de miles de cubanos a México. El MPP obligó a los migrantes a esperar en condiciones peligrosas, afectando a los solicitantes de asilo cubanos y a quienes buscaban refugio bajo la CAA.
Más obstáculos para los cubanos interesados en la residencia permanente surgieron el 11 de septiembre de 2023, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió su decisión en el caso Matter of Cabrera-Fernandez, afectando aún más la elegibilidad bajo la CAA. La decisión estableció que las personas liberadas bajo libertad condicional bajo la sección 236(a)(2)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad no serían elegibles para el ajuste de estatus bajo la CAA. La decisión afirmó que el peticionario no fue condicionalmente liberado en los Estados Unidos al salir de la detención migratoria. Esta decisión plantea problemas desde un punto de vista legal; si se mantiene, tendrá implicaciones de gran alcance para las personas que buscan la residencia permanente legal bajo la CAA.
Los abogados de inmigración en todo Estados Unidos están presentando desafíos al caso Cabrera-Fernandez; el argumento principal es que el peticionario recibió libertad condicional humanitaria por operación de ley, o libertad condicional "constructiva". Los argumentos legales se centran en la disparidad entre la libertad condicional condicional y la libertad condicional humanitaria, y sus implicaciones para la elegibilidad para el ajuste de estatus bajo la CAA.
Dada la complejidad de la CAA, es importante que las personas busquen asesoramiento legal de abogados de inmigración calificados. Es importante destacar que los notarios no son abogados y no poseen la experiencia legal, credenciales ni licencia necesaria para brindar orientación precisa y completa sobre asuntos relacionados con la CAA. En pocas palabras, no están calificados para brindar asesoramiento legal, y esto es aún más pronunciado al evaluar problemas legales complejos como las políticas en constante cambio que rodean a la CAA. Los abogados de inmigración están capacitados para navegar por las sutilezas de los cambios recientes en las políticas y decisiones legales, asegurando que las personas reciban asesoramiento informado y confiable sobre su elegibilidad y opciones bajo la CAA.
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